Términos y Condiciones
Última actualización: Junio de 2026
Estos términos y condiciones regulan la contratación del servicio de auditoría web ofrecido por Saúl García Avedillo a través del sitio web https://auditpro.es.
1. Descripción del servicio
AuditPro ofrece un servicio de auditoría web automatizada que analiza cinco áreas del sitio web indicado por el usuario: cumplimiento legal (RGPD/LSSI), rendimiento, SEO, seguridad y experiencia móvil. El resultado es un informe en formato PDF generado mediante inteligencia artificial.
2. Precio y forma de pago
El precio del informe completo es de 19€ (IVA incluido), en un pago único. El pago se realiza de forma segura a través de la plataforma Stripe. Existe además un análisis gratuito que muestra únicamente las puntuaciones, sin el detalle ni el informe en PDF.
3. Prestación del servicio
Una vez confirmado el pago, el informe se genera automáticamente y se entrega por correo electrónico en un plazo habitual inferior a 5 minutos. El usuario también puede acceder al informe desde su panel privado.
4. Derecho de desistimiento
De conformidad con el artículo 103.a) del Real Decreto Legislativo 1/2007 (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), al tratarse de un servicio digital que se ejecuta y entrega de forma inmediata tras el pago, el usuario reconoce que pierde el derecho de desistimiento una vez el servicio ha sido completamente ejecutado.
5. Naturaleza del informe
Los informes tienen carácter informativo y orientativo. Se basan en el análisis automatizado de datos públicos del sitio web y no constituyen asesoramiento legal vinculante. Saúl García Avedillo no garantiza la exhaustividad del análisis ni se responsabiliza de las decisiones que el usuario tome a partir del informe.
6. Responsabilidad
Saúl García Avedillo no será responsable de los daños derivados de un uso incorrecto del servicio o de la imposibilidad de prestarlo por causas ajenas a su control (caídas de servicios de terceros, fuerza mayor, etc.).
7. Legislación aplicable
Estos términos se rigen por la legislación española. Cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales que correspondan conforme a la normativa de protección de consumidores.